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Setenta años sin Ramón AcínVíctor Pardo LancinaDiario del Altoaragón, 6 de agosto de 2006
Hoy, domingo 6 de agosto, se cumplen setenta años del asesinato de Ramón Acín. Los «buenos vecinos de Huesca» a los que se refirió Max Aub cuando escribió acerca de la muerte del anarcosindicalista y pedagogo Ramón Acín, lo habían ido a buscar a diario a su casa de la calle de las Cortes hasta que lograron hacerlo salir del habitáculo donde ingenuamente pretendía eludir a los sañudos ejecutores. Él y Conchita Monrás, su mujer, su compañera leal y esposa, habían sido conducidos a la comisaría la tarde del día anterior, una vez detenidos en medio de una lluvia de golpes e insultos y en presencia de sus hijas Katia y Sol, apenas unas niñas de 13 y 11 años en 1936. Los falangistas de Huesca que se llevaron a Acín eran bien conocidos en la ciudad por su actitud desafiante y chulesca, amén de por haber protagonizado escenas de violencia contra republicanos y bienes de partidos y sindicatos democráticos. Estos mismos falangistas y algunos policías que apoyaron el golpe de Estado que habían protagonizado los militares el 18 de julio, condujeron a Ramón hasta la comisaría de la ciudad, ubicada frente al teatro Olimpia en el Coso Alto, no sin antes haber saqueado su casa rapiñando cuanto pudieron. Pocas horas fueron necesarias para interrogar a un detenido tan principal, cuya biografía como artista comprometido, articulista, pensador y republicano lo convertía en un sujeto peligroso al que era preciso eliminar sin mayores miramientos. Desde el edifico policial que era igualmente sede del Gobierno Civil, fue llevado a las tapias del cementerio y liquidado. Concha seguiría la misma suerte algunos días más tarde. Conviene no perder la memoria ni la perspectiva de la historia reciente, máxime ahora que es tiempo de aniversarios y precisamente en estas páginas, asaltadas con frecuencia alevosa por el revisionismo franquista de quienes abogan, «pro domo sua», por el silencio y la tabla rasa. Es oportuno recordar a Ramón Acín, naturalmente, porque su muerte ejemplifica la crueldad de un régimen ilegítimo, el de Franco, basado en un gran baño de sangre organizado con fría premeditación, tras un golpe militar contra el Gobierno democráticamente elegido. Más de 8.500 aragoneses fueron fusilados por los golpistas, de ellos casi 1.000 murieron entre el «glorioso» final de la contienda y el año 1946, tras haber sido sometidos a juicios sumarísimos en consejos de guerra cuya sola mención hoy repugna jurídica y humanamente. En Huesca, de los más de 500 asesinados esta cifra supone el 3,5% de la población, al menos 148 fueron muertos después del 1 de abril de 1939 merced a las sentencias dictadas por la autoridad militar. ¿Puede un país llamarse democrático y libre, echando raíces en el desconocimiento de su pasado y en la amnesia deliberada de los episodios más turbios? ¿Se puede borrar de un plumazo la muerte, el exilio, la represión, los campos de trabajo, la humillación a los vencidos, el hambre, la injusticia social, la complicidad de la Iglesia con el régimen impuesto por las armas...? La respuesta es obvia, por mucho que la derecha rampante se empeñe en manipular la esperanza republicana vivida en 1931 para hacer su caldo gordo de ahora; a pesar de que con la letanía de los pantanos, el desarrollismo y el paternalismo autoritario se quiera sobornar el sentido de la historia y acallar la mala conciencia; y aun cuando se ensalce la Transición como una conquista sin fisuras, precisamente cuando aparece a todas luces inmodélica e impregnada de adherencias franquistas. Este año 2006 se pretendía que fuera el de la memoria histórica, pero a la vista de la frustrante propuesta de ley impulsada por la comisión interministerial, puede suponer el de una nueva derrota para las expectativas de los escasos supervivientes republicanos, de los hijos de las víctimas del dictador y su prolijo aparato represivo, y también para la dignidad democrática de las personas con altura de miras. Cabría recordar en este punto la deplorable moción, tanto como injusta, aprobada hace escasas semanas por los grupos mayoritarios del Ayuntamiento de Huesca, dando la espalda así a muchos ciudadanos de talante ético definitivamente desesperanzados. Hace 70 que Ramón Acín fue fusilado por «las buenas gentes de Huesca». Ramón y Concha Monrás tienen una lápida en el cementerio con su nombre esculpido en mármol, pero todavía faltan muchos otros nombres de víctimas por escribir y lugares en los que poder depositar unas flores como homenaje. Demasiados nombres que exigen en silencio una reparación que todavía se les niega.
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